El ayuntamiento no puede obligar a los funcionarios y regidores a que coloquen propaganda política en sus autos particulares y vayan con ellos al palacio aunque se les haya hecho el pedido hace como 5 semanas para evitar malos entendidos.
De acuerdo con el contralor municipal Agustín Blanco Loustanou, cada funcionario tiene derecho a creer en el candidato que mejor le parezca y puede poner en sus vehículos particulares la propaganda que mejor le guste.
“Ese es un derecho constitucional, yo simplemente hice un exhorto respetuoso a todos ellos para que en la medida de lo posible no vinieran al palacio con esos autos porque puede malinterpretarse en un momento dado”.
Dijo que se tienen las experiencias de los sucesos ocurridos con las despensas del DIF y lo que pasó con unos sacos de cemento, en ambos hubo acusaciones de que se usaban programas públicos para obtener ventajas en las campañas políticas.
Indicó Blanco Loustanou que solo se limitó a que los funcionarios no usaran sus vehículos particulares para hacer sus labores precisamente para poder evitar problemas de esa índole.
“Imagínate que vamos a un programa a alguna colonia y uno de ellos se lleve su vehículo con una calcomanía de algún candidato, pues ese tipo de problemas queremos evitar, como lo ocurrido en el DIF”.
Comentó que la ley está deficiente en ese sentido ya que los rebasa completamente, por lo que debería haber alguna limitante en ese aspecto.
“A pesar de los cambios recientes no se ha llegado a esa parte, tal vez más adelante se presente un cambio en ese aspecto”.
De acuerdo con el contralor municipal Agustín Blanco Loustanou, cada funcionario tiene derecho a creer en el candidato que mejor le parezca y puede poner en sus vehículos particulares la propaganda que mejor le guste.
“Ese es un derecho constitucional, yo simplemente hice un exhorto respetuoso a todos ellos para que en la medida de lo posible no vinieran al palacio con esos autos porque puede malinterpretarse en un momento dado”.
Dijo que se tienen las experiencias de los sucesos ocurridos con las despensas del DIF y lo que pasó con unos sacos de cemento, en ambos hubo acusaciones de que se usaban programas públicos para obtener ventajas en las campañas políticas.
Indicó Blanco Loustanou que solo se limitó a que los funcionarios no usaran sus vehículos particulares para hacer sus labores precisamente para poder evitar problemas de esa índole.
“Imagínate que vamos a un programa a alguna colonia y uno de ellos se lleve su vehículo con una calcomanía de algún candidato, pues ese tipo de problemas queremos evitar, como lo ocurrido en el DIF”.
Comentó que la ley está deficiente en ese sentido ya que los rebasa completamente, por lo que debería haber alguna limitante en ese aspecto.
“A pesar de los cambios recientes no se ha llegado a esa parte, tal vez más adelante se presente un cambio en ese aspecto”.
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