Madres de familia acudieron ayer en la mañana a la Contraloría municipal con el fin de poner una denuncia en contra de un juez calificador y de dos policías debido a que encerraron a sus hijos menores de edad en las celdas de la comandancia de policía en celdas compartiéndolas con adultos aún cuando la ley lo prohibe.
En un principio, las señoras María del Carmen López Alvarado y Ubalda Rocha Sánchez acudieron a los regidores Gonzalo Palafox y Martín Valtierra para solicitar ayuda y fueron ellos quienes les recomendaron que pusieran la denuncia ante Contraloría y fueron allá donde fueron recibidos por el titular Agustín Blanco Loustanou.
Ahí, las denunciantes explicaron los hechos que se dieron el pasado viernes 5 de octubre a las afueras de la escuela secundaria #69 a la hora de la salida, cuando se suponía que algunas estudiantes sostendrían una riña, la cual nunca se dio.
Una patrulla llegó al lugar y de inmediato detuvo a sus hijas de nombres Guadalupe “N” de 16 años y a Claudia “N” de 14 años de edad, así como a Giovanni “N” de 13 quienes fueron detenidos por los oficiales César Villa y Daniel Chavoya y los subieron a unidad bajo el argumento de que se iban a pelear cuando ellas no habían hecho nada.
Según comentaron las menores, como no se iban a subir ala patrulla, fueron empujadas a la fuerza por los oficiales.
“Ellos en ningún momento les permitieron que se comunicaran con nosotros, de hecho mi hija estaba hablándome cuando el policía le quitó el teléfono de manera muy grosera y hasta lo apagó; los policías se portaron muy groseros con ellas ya que les decían que se las iban a llevar a la comandancia”.
Dijo López Alvarado que fue directamente a la comandancia donde tenían a las menores en una celda y al niño con los adultos.
“Cuando llegué y pregunté por mi hija el juez calificador Jacobo Torres me dijo que estaba en una celda y le comenté que no podía tenerla encerrada junto con mayores y él me contesto que él podía hacer lo que quisiera ya que era la autoridad”.
Comentó que incluso, le pareció raro que una unidad de la policía fuera a la escuela pero autoridades de la misma le dijeron que nadie la solicitó.
El juez calificador le dijo que tenía que pagar 450 pesos si deseaba que ellas salieran, por lo que se negó a ello mientras que la mamá de la otra menor sí cubrió la falta administrativa y fue liberada.
Expresó que el juez recibió una llamada de parte de su coordinador y la menor fue liberada.
Los regidores en todo momento apoyaron a las denunciantes y comentaron que no es posible que existan elementos dentro de la corporación.
“Lo que deberían de hacer es regresarles el dinero y pagarles la atención psicológica que van a requerir porque las menores quedaron muy afectadas luego de este tipo de experiencia”.
Dijeron que iban a estar al pendiente de la resolución que diera la Contraloría a este caso.
En un principio, las señoras María del Carmen López Alvarado y Ubalda Rocha Sánchez acudieron a los regidores Gonzalo Palafox y Martín Valtierra para solicitar ayuda y fueron ellos quienes les recomendaron que pusieran la denuncia ante Contraloría y fueron allá donde fueron recibidos por el titular Agustín Blanco Loustanou.
Ahí, las denunciantes explicaron los hechos que se dieron el pasado viernes 5 de octubre a las afueras de la escuela secundaria #69 a la hora de la salida, cuando se suponía que algunas estudiantes sostendrían una riña, la cual nunca se dio.
Una patrulla llegó al lugar y de inmediato detuvo a sus hijas de nombres Guadalupe “N” de 16 años y a Claudia “N” de 14 años de edad, así como a Giovanni “N” de 13 quienes fueron detenidos por los oficiales César Villa y Daniel Chavoya y los subieron a unidad bajo el argumento de que se iban a pelear cuando ellas no habían hecho nada.
Según comentaron las menores, como no se iban a subir ala patrulla, fueron empujadas a la fuerza por los oficiales.
“Ellos en ningún momento les permitieron que se comunicaran con nosotros, de hecho mi hija estaba hablándome cuando el policía le quitó el teléfono de manera muy grosera y hasta lo apagó; los policías se portaron muy groseros con ellas ya que les decían que se las iban a llevar a la comandancia”.
Dijo López Alvarado que fue directamente a la comandancia donde tenían a las menores en una celda y al niño con los adultos.
“Cuando llegué y pregunté por mi hija el juez calificador Jacobo Torres me dijo que estaba en una celda y le comenté que no podía tenerla encerrada junto con mayores y él me contesto que él podía hacer lo que quisiera ya que era la autoridad”.
Comentó que incluso, le pareció raro que una unidad de la policía fuera a la escuela pero autoridades de la misma le dijeron que nadie la solicitó.
El juez calificador le dijo que tenía que pagar 450 pesos si deseaba que ellas salieran, por lo que se negó a ello mientras que la mamá de la otra menor sí cubrió la falta administrativa y fue liberada.
Expresó que el juez recibió una llamada de parte de su coordinador y la menor fue liberada.
Los regidores en todo momento apoyaron a las denunciantes y comentaron que no es posible que existan elementos dentro de la corporación.
“Lo que deberían de hacer es regresarles el dinero y pagarles la atención psicológica que van a requerir porque las menores quedaron muy afectadas luego de este tipo de experiencia”.
Dijeron que iban a estar al pendiente de la resolución que diera la Contraloría a este caso.
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