El sanluisino Rabindranath Juárez Mayorquín fue nombrad subdelegado administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo cual lo coloca como el segundo hombre en importancia en dicha institución en la entidad.
Como delegado de la institución quedó Guillermo Silva Montoya, y que fue nombrado como tal por el director general de la institución Miguel Ángel Yunes Linares en fechas recientes.
Como subdelegado médico quedó el doctor Juan Manuel Ramos Holguín y como jefe de Finanzas de la delegación Rolando Rito Palomares.
Cabe señalar que Juárez Mayorquín es conocido en esta ciudad por diversas actuaciones en el PRI local (especialmente en el Frente Juvenil) pero desde hace tiempo que radica en la capital del estado donde se ha desarrollado su carrera.
Por lo pronto, se espera que su nombramiento pueda atraer beneficios para los burócratas federales que se encuentran en esta frontera y que San Luis sea tomada más en cuenta por el instituto.
Recientemente, la reforma del ISSSTE ha provocado una serie de polémicas que si bien han frenado las protestas, aún hay grupos de empleados federales que no están de acuerdo con ella y se han ido a los tribunales con el fin de ampararse a la misma para no ser afectados.
Como delegado de la institución quedó Guillermo Silva Montoya, y que fue nombrado como tal por el director general de la institución Miguel Ángel Yunes Linares en fechas recientes.
Como subdelegado médico quedó el doctor Juan Manuel Ramos Holguín y como jefe de Finanzas de la delegación Rolando Rito Palomares.
Cabe señalar que Juárez Mayorquín es conocido en esta ciudad por diversas actuaciones en el PRI local (especialmente en el Frente Juvenil) pero desde hace tiempo que radica en la capital del estado donde se ha desarrollado su carrera.
Por lo pronto, se espera que su nombramiento pueda atraer beneficios para los burócratas federales que se encuentran en esta frontera y que San Luis sea tomada más en cuenta por el instituto.
Recientemente, la reforma del ISSSTE ha provocado una serie de polémicas que si bien han frenado las protestas, aún hay grupos de empleados federales que no están de acuerdo con ella y se han ido a los tribunales con el fin de ampararse a la misma para no ser afectados.
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